Crisis en la Industria Cinematográfica Argentina

La industria cinematográfica argentina atraviesa un momento crítico bajo la administración del presidente Javier Milei, cuyas políticas de austeridad han puesto en jaque al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), pilar histórico del fomento cinematográfico en el país.

Desde su llegada al poder, el gobierno de Milei ha señalado al INCAA como un objetivo de sus recortes, nombrando a Carlos Pirovano, un economista sin experiencia previa en cine, al frente del instituto. Las medidas implementadas han sido drásticas:

● Reducción y Condicionamiento de Subsidios: Se anunció una reducción drástica de la financiación estatal, limitándola a un máximo del 50% del costo de producción. Más polémico aún es el condicionamiento de los subsidios a la performance comercial post-estreno, exigiendo un mínimo de espectadores (se mencionó la cifra de 10,000) para acceder a fondos que permitan cancelar préstamos previamente otorgados por el Estado.

● Eliminación de Mecanismos Clave: Se eliminó el sistema de "preclasificación de proyectos", esencial para la planificación financiera de las productoras y la formalización de coproducciones internacionales. Se sustituyeron los subsidios por créditos bancarios, una medida considerada ineficaz para la industria.

● Nuevas Restricciones y Retroactividad: Decretos como el 662/2024 impusieron una espera de un año para volver a solicitar fondos tras recibir uno, limitando el desarrollo de las productoras. El decreto 984/2024 aplicó reglas retroactivas que impactaron negativamente en producciones en curso, afectando la planificación financiera y provocando pérdidas de empleo.

● Recortes Operativos y Suspensión de Apoyos: Se suspendió la financiación a festivales nacionales, el apoyo a estrenos nacionales, se recortaron gastos operativos (resultando en despidos y cierre de departamentos) y se suspendieron temporalmente las actividades del instituto.

La justificación oficial se centra en la necesidad de reducir un supuesto déficit de $4 millones de dólares en el INCAA, eliminar el financiamiento de "películas sin espectadores" (citando casos con menos de 1,000 espectadores), y maximizar el valor para los contribuyentes. La industria, sin embargo, rebate argumentando que el INCAA se autofinancia principalmente a través de impuestos específicos sobre la actividad audiovisual (no impuestos generales) y destacando la significativa contribución económica del sector.

El cambio fundamental hacia una financiación post-estreno y dependiente de la taquilla altera radicalmente el panorama de riesgos para los cineastas argentinos. Favorece enormemente a los proyectos con potencial comercial inmediato, marginando potencialmente al cine de autor, experimental o políticamente crítico por el cual Argentina ha ganado reconocimiento internacional, amenazando así la diversidad de la producción nacional.

Paralelamente, las plataformas de streaming CINE.AR (CINE.AR Play, CINE.AR Estrenos), que difunden cine argentino, fueron transferidas desde la órbita del INCAA y la Secretaría de Cultura a la Secretaría de Comunicación y Medios, bajo el control directo del vocero presidencial, Manuel Adorni. La razón oficial es centralizar la difusión de contenidos, evitar duplicidades y lograr una gestión más estratégica.

Este traspaso, sin embargo, es visto con gran preocupación por la industria. Colocar una plataforma clave de difusión nacional directamente bajo un portavoz político prominente de una administración abiertamente crítica con el sector cultural genera temores fundados sobre una posible influencia política en la curación de contenidos, censura y el futuro rol de la plataforma más allá de la mera eficiencia presupuestaria.

La respuesta de la comunidad cinematográfica argentina ha sido de rechazo contundente. Las medidas son vistas como un "movimiento ideológico", una "destrucción programada" y una persecución. Se denuncian pérdidas masivas de empleo, productoras al borde de la quiebra y una parálisis casi total de la producción (ninguna película fue aprobada durante la gestión de Pirovano, según un informe).

Las protestas, como la realizada frente al emblemático Cine Gaumont, fueron respondidas con represión policial. Figuras internacionales han expresado su solidaridad. El impacto se siente también en la exhibición, los festivales y la presencia internacional . La cuota de mercado del cine argentino en taquilla ha caído drásticamente.

El discurso gubernamental centrado en la responsabilidad fiscal y las cifras de audiencia choca frontalmente con la perspectiva de la industria, que lo enmarca como un ataque ideológico. Este desencuentro evidencia un conflicto fundamental sobre el valor y propósito del cine nacional: ¿es principalmente un producto económico juzgado por métricas de mercado, o una expresión cultural que requiere apoyo estatal para garantizar diversidad e identidad, independientemente de la taquilla inmediata? Las políticas actuales favorecen claramente la primera visión.